Asesora presidencial admite que sabía de inhabilidad de Isabel Allende y Maya Fernández

Cuando revisó decreto por compra de la vivienda del expresidente.

La jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, ha sido objeto de críticas por parte del Partido Socialista, luego de que el Tribunal Constitucional decidiera la destitución de la senadora más emblemática del colectivo, Isabel Allende (PS).

Se señala a Moya como responsable de permitir que avanzara el proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Este lunes, fue citada a la comisión investigadora encargada de recopilar antecedentes sobre la fallida adquisición del inmueble.

En dicha instancia, la funcionaria que se incorporó a la Segpres cuando el exministro Giorgio Jackson estaba al frente de la cartera, reconoció que tanto ella como su equipo estaban al tanto de la normativa y de la inhabilidad de la senadora Allende y la ministra Maya Fernández para establecer contratos con el Estado.

“Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso. Nosotros realizamos solo aquellas labores que nos corresponden en este caso particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República”, sostuvo Moya.

Al ser consultada sobre si advirtió al mandatario sobre esta inhabilidad, Moya evitó responder directamente y señaló que “a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que es para el caso que nos reúne hoy día el decreto 38”.

De acuerdo con las funciones del Ministerio, la División Jurídico-Legislativa tiene la responsabilidad de asesorar jurídicamente al Presidente de la República cuando así lo solicite, pudiendo requerir informes a los ministerios por orden del mandatario.

Además, debe llevar a cabo, sin competencia resolutiva, la revisión técnico-legal y de coherencia global de los decretos supremos; participar en la elaboración de la agenda legislativa del Gobierno, revisar y estudiar los anteproyectos respectivos, y proponer opciones legislativas al Presidente de la República, previa consulta con el Ministro del Interior. También le corresponde hacer seguimiento a los proyectos de ley en trámite parlamentario y mantener un archivo actualizado de las iniciativas legales y su estado de avance.

Tras la sesión en que habló la asesora Moya, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, realizó un punto de prensa.

“El proceso de adquisición de la casa de un expresidente de la República, tal como lo explicó en su momento la ministra Echeverry, se lleva adelante en distintas etapas. A quien le corresponde implementar una decisión de esta naturaleza es al ministerio respectivo. Y por eso el Presidente hizo valer la responsabilidad correspondiente en el Ministerio de Bienes Nacionales”, comentó.

 En lo que respecta al decreto, dijo que “ha quedado en evidencia, dado los distintos testimonios que ha recogido la comisión, de que este no avance ningún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad. Así por lo demás lo declaró la Contralora General de la República que asistió a la comisión y además la primera Contraloría tomó razón de este decreto. Y por tanto, en las distintas etapas, lo que se tiene que hacer es el estudio correspondiente para ver si se están cumpliendo con los requisitos que establece la ley o la Constitución”.