Pdta. de la Comisión de DSF de la Camara Diputados exige acciones ante vulneración de derechos en la niñez

La representante del Biobío busca respuestas ante el alarmante aumento del maltrato infantil en Chile y la inacción estatal.

La diputada Marlene Pérez (Indep.-UDI), presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, anunció que solicitará la presencia del defensor de la Niñez, Anuar Quesille, ante las alarmantes cifras de maltrato infantil reveladas recientemente en Chile. La medida responde a dos casos impactantes ocurridos en Iquique y Rengo: en el primero, una niña boliviana de 8 años fue vendida por su abuela a cambio de $350.000 para trabajar como sirvienta, mientras que en el segundo, un niño de 13 años, bajo custodia de una persona ajena a su familia, sufrió un grave abandono.

Según el informe “Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2025”, presentado por la Defensoría de la Niñez, las denuncias por delitos relacionados con maltrato infantil aumentaron un 40,5% entre 2021 y 2024. Este documento también expone que, pese a la existencia de leyes como la de Protección Integral de la Niñez, los mecanismos para exigir su cumplimiento son ineficaces.

“La realidad es inaceptable. Casos como los de Iquique y Rengo reflejan la falta de acciones concretas para proteger a nuestros niños. Exijo respuestas inmediatas del Estado y sanciones severas para los responsables de estos actos atroces”, declaró la diputada Pérez.

La parlamentaria también oficiará al Ministerio del Interior para obtener explicaciones sobre los protocolos en el control del ingreso de menores al país, especialmente por pasos no habilitados, y a la Subsecretaría de la Niñez por la ausencia de seguimiento adecuado en casos donde se entrega el cuidado de menores a personas fuera de su núcleo familiar.

Falta de recursos y supervisión

En Chile, la explotación sexual afecta a cerca de 6.000 niñas, mientras que más de 200.000 niños realizan trabajos de riesgo. Además, se estima que existen más de 20 grupos dedicados a la trata y comercio sexual infantil. Sin embargo, de cada diez denuncias de explotación sexual comercial, solo seis llegan a juicio, y apenas una obtiene condena debido a altos estándares probatorios y escasos recursos investigativos.

“Este es un problema sistémico. La ley de garantía debe incluir sanciones efectivas para quienes no cumplen su rol en el sistema de protección, desde tribunales hasta oficinas locales”, enfatizó Pérez, agregando que, actualmente, un niño en acogimiento familiar recibe apenas $90.000 al mes, mientras que en un centro estatal la cifra puede superar los $4.200.000.

La parlamentaria también cuestionó la incapacidad del sistema de protección para coordinar a instituciones como el Ministerio de Salud y Educación, lo que ha provocado casos de niños que pasan meses sin escolarizarse o sin recibir atención médica adecuada, pese a las alarmas legales que deberían activarse automáticamente.

Compromiso legislativo urgente

En ese contexto, Pérez concluyó señalando que el Parlamento debe priorizar la inclusión de mecanismos de exigibilidad en la Ley de Garantías, para que el intersector asuma la responsabilidad que le corresponde.

“Debemos detener este ciclo de inacción y garantizar un futuro donde los derechos de los niños sean realmente protegidos”, finalizó la diputada.