Oposición amenaza con acusación constitucional contra el ministro Elizalde si no remueve a jefa jurídica

Cuestionada por la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

La reciente decisión del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de respaldar a la jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, ha abierto un nuevo frente de tensión en el Gobierno de Gabriel Boric.

La polémica se desencadenó luego de que Moya reconociera en una comisión investigadora que sabía de la inhabilidad constitucional de la senadora Isabel Allende para celebrar contratos con el Estado, lo que ha generado críticas tanto de la oposición como de sectores del oficialismo.

Moya, quien ocupa un cargo clave en La Moneda, es la encargada de asegurar que los documentos oficiales del Presidente Boric, como proyectos de ley y decretos, sean conformes a la legalidad.

Sin embargo, su actuación quedó en entredicho luego de que aprobara el decreto para la compra de la casa de Salvador Allende, sin tener en cuenta que la propiedad era de la senadora Allende y la exministra Maya Fernández, herederas del mandatario fallecido.

Este detalle fue fundamental para que el Tribunal Constitucional destituyera a Allende por violar la Constitución.

La defensa de Elizalde, respaldada por la nueva ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, no ha calmado los ánimos.

En el Congreso, los parlamentarios de derecha han escalado la presión, advirtiendo que, de no cesar a Moya, se abriría el camino para una acusación constitucional contra Elizalde, por no haber “supervisado adecuadamente a su subalterna”, lo que, según la oposición, podría haber derivado en una negligencia grave, consignó La Tercera.

Elizalde, sin embargo, ha defendido la legalidad del proceso y subrayado que la contralora general de la República también validó la compra de la propiedad.

Además, señaló que una acusación constitucional “tiene que hacerse sobre la base de fundamentos que establece la propia Constitución”, los que no se cumplen, en este caso, según su criterio.

“Explicamos dónde estaba radicado el proceso y lo que le correspondió a la división jurídica legislativa y ese tema quedó más que claro en la comisión investigadora”, agregó, en relación con el rol de Moya en la comisión.