Luis Hermosilla sale de la cárcel y queda con arresto domiciliario

La jueza Andrea Díaz-Muñoz Bagolini, que en su momento rechazó una petición para allanar la residencia del abogado.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla para modificar la medida cautelar de prisión preventiva que el abogado penalista de 68 años cumple desde el 27 de agosto de 2024, tras su formalización en la indagatoria conocida como caso Audio.

Vistiendo una camisa blanca, sin chaqueta ni corbata, luego de 205 días en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Hermosilla se hizo presente en la audiencia que se desarrolló en la sala 801 del edificio B del Centro de Justicia de Santiago desde las 9.00 horas de este jueves.

La audiencia fue presidida por la jueza Andrea Fabiola Díaz-Muñoz Bagolini, que en su momento rechazó una petición para allanar la residencia del abogado y que también fue la que autorizó la incautación del teléfono móvil del penalista en noviembre de 2023.

El exasesor del Ministerio del Interior arriesga una pena de 18 años por una serie de imputaciones respecto a su presunta responsabilidad en delitos tributarios, soborno, lavado de activos y tráfico de influencias.

Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano del imputado, insistió ante el tribunal en cuestionamientos al Ministerio Público. “No está actuando de buena fe”, dijo a la prensa al llegar al Centro de Justicia y lo repitió en la audiencia, rechazando filtraciones de información contenida en el teléfono móvil que se incautó a su hermano.

La defensa manifestó sus cuestionamientos a que se considere para determinar la prisión preventiva la grabación de audio de una reunión en que participó Hermosilla, la coimputada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer a propósito del caso Factop.

Para fundamentar sus reparos presentaron un informe en derecho titulado Protección del secreto profesional, formas intrusivas de investigación y exclusión de pruebas, encargado a los doctores Javier Wilenmann y Carlos Correa Robles, profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez.

El abogado Julián Parada manifestó en su intervención ante el tribunal que la reunión grabada estaba “amparada y cubierta por el secreto profesional” y, recurriendo al derecho laboral, explicó que el artículo 453, número 4 del Código del Trabajo dice que “carecerán de valor probatorio las pruebas que las partes aporten obtenidas directas o indirectamente de medios ilícitos”.

Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de Las Condes, refutó esos planteamientos. “No se está hablando ni de estrategias jurídicas ni cómo afrontar un caso penal ni cómo llegar a una defensa, aquí se está hablando derechamente de delito”, indicó en referencia al contenido del audio.

El tribunal coincidió. “El secreto profesional aludido por la defensa no cubre “, indicó la jueza Díaz-Muñoz en su resolución.