El subsecretario del Interior aseguró que el desalojo de la megatoma de San Antonio no se realizará de inmediato

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la orden de desalojo de la megatoma de San Antonio, dictada por la Corte de Apelaciones de la Región de Valparaíso. En este contexto, destacó el trabajo realizado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para encontrar una solución.

En conversación con Radio Agricultura, Cordero señaló que dicha solución debe considerar al menos cuatro aspectos fundamentales: No se puede legitimar una toma; es necesario resguardar el derecho de las personas a acceder a una vivienda; también deben protegerse los derechos de los propietarios; y se debe garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales. Según el subsecretario, el titular de Vivienda ha abordado estos ejes. “El ministro Montes le ha dedicado bastantes meses desde que este caso se originó. Durante todos estos meses el ministro ha estado buscando una solución relativamente innovadora”, indicó.

Cordero explicó que “en general, la Corte, lo que ha hecho en esos casos es que ha mandatado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, al municipio respectivo y a Carabineros para desarrollar los desalojos con ciertos estándares. Esos estándares deben garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de esos establecimientos, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores”. Añadió que “lo segundo es que se debe hacer en un contexto que permita el traslado de esas personas a lugares de transición, y lo tercero, que el Ministerio de Vivienda les informe o les proyecte alguna alternativa para que puedan postular o acceder a una vivienda. Y esas tres exigencias la Corte las ha ido estableciendo de un modo relativamente estándar en cada caso”.

No obstante, advirtió que en San Antonio existe una particularidad: su magnitud. “Es una toma que, por su tamaño, no se puede intervenir simplemente. Al ser 10.000 personas, solo imagine la cantidad de fuerza pública que se necesita para eso. Por ello, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su última resolución, si bien ha fijado la fecha para el 27 de febrero, ha señalado que el desalojo debe realizarse de un modo razonable y programado. Es decir, la Corte entiende que no se puede llevar a cabo de inmediato”, aseveró.