Fiscal nacional informó que contratos investigados en el Caso Convenios suman $14 mil millones

Ángel Valencia reconoció que se investiga si hubo un mecanismo para defraudar al fisco.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, precisó que son más de $14 mil millones los que suman las eventuales defraudaciones por los contratos firmados entre ramas ministeriales y fundaciones ligadas al Frente Amplio.

“Esos fondos eran plata de todos chilenos, cuando el Estado chileno le asignó estos dineros a estas fundaciones, dejó de asignarlo a pensiones dignas, a la reparación de una escuela, a subsidio para los más pobres; se le entregó a esta gente porque entendía que había una finalidad pública que era necesaria financiar y al parecer eso es posible que no haya ocurrido”, comentó el fiscal Valencia.

En cuanto a los montos involucrados, el persecutor comentó que “de momento, el monto que se lleva hasta el momento determinado, que eventualmente habría sido defraudado, malversado, alcanzaría los $14 mil millones, en el caso que todos los contratos fuesen constitutivos de delitos. Es el monto que a esta fecha estábamos investigando, sin perjuicio de lo que, en definitiva, se establezca. Estamos investigando el ilícito cuya cuantía giraría en torno a los $14 mil millones”.

Pese a compartir la cifra, el fiscal nacional descartó profundizar en las hipótesis de investigación que están llevando adelante los fiscales, pero sí comentó que los patrones que hasta ahora se han detectado dan cuenta que “tanto entre quienes aprueban el dinero como quienes lo reciben existe algún tipo de vinculación política; también hemos dicho que en casi la totalidad, no en todas, se trata de fundaciones que han sido creadas bajo el imperio de la ley actual, esto es importante, porque la ley anterior exigía requisitos mucho más exigentes para la creación de una fundación”.

Otro de los patrones detectados es que existe mucha cercanía entre la fecha de creación de las fundaciones, “incluso algunos ni siquiera eran titulares de las fundaciones, sino que tuvieron que conseguir que alguna persona relacionada a ésta les permitiese operar con esa fundación para poder postular a los fondos, casi como que ‘se la consiguieron’ para el contrato”. Además, comentó que en general el “propósito de la fundación no está directamente relacionado ni cercano al objeto del contrato, del convenio”.

Consultado por las responsabilidades de los titulares de las carteras involucradas hasta ahora; en Vivienda, el ministro Carlos Montes; y en Desarrollo Social, el ministro Giorgio Jackson, el fiscal sostuvo que “es posible que tengan que declarar y en su momento se determinara la calidad; hoy día, de momento, no advierto, ni he tomado conocimiento que algún fiscal haya manifestado de que tengan rol que permite atribuirles que tienen algún tipo de participación. Sobre eso no quisiera especular”.