Diputadas del Partido Social Cristiano anuncian Acusación Constitucional contra el ministro de Educación

Lo acusan de impulsar ideología de género.

Las diputadas del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha y Francesca Muñoz, anunciaron que van a acusar constitucionalmente al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en medio de la polémica que envuelve al Mineduc por la inquietud que generaron los cuadernos que entrega la Junaeb a escolares los que en su última versión incluyen un instructivo sobre “cómo avanzar hacia comunidades no sexistas”, con un anagrama con el acrónimo LGBTQIA+ y las definiciones de las “orientaciones sexoafectivas e identidades de género no convencionales”, además de un documento de “Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”, que está disponible en la página web de Sexualidad Afectiva y Género con dinámicas para niños de Kinder.

“Como diputadas del Partido Social Cristiano vamos a presentar una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por infringir la Constitución y las leyes, dejando afuera algo tan importe como lo es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.”

Las diputadas del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz, anunciaron que evalúan presentar una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por la guía de sexualidad del #Mineduc.#Preocupante #Niños #Familia #DerechosDelNiño pic.twitter.com/zEEI4T49Ud

— Diputados Independientes y Social Cristiano (@diputadosisc) May 31, 2023

Respecto al sustento jurídico, las parlamentarias explicaron que desde que asumió el ministro Ávila se ha volcado casi exclusivamente a impulsar e imponer una agenda ideológica en los establecimientos educacionales a lo largo del país y por ello, una de las causales de procedencia para las acusaciones constitucionales contra Ministros de Estado es infringir la Constitución y las leyes y aquí claramente se infringió el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es decir, no se trata de cualquier norma sino de un derecho fundamental y que el Estado debe dar especial protección, ya que se está impulsando una agenda ideológica dejando fuera la participación de los padres a través de la entrega de materiales educativos a espaldas de los padres, sin consultarles y sin su conocimiento.