Tribunal en EE UU acusa a una joven de abortar fuera de plazo, tras revisar sus conversaciones de Facebook

La compañía de Zuckerberg dio datos privados por orden judicial a las fuerzas de seguridad, que han servido como base para acusar a la chica y a su madre

Jessica Burgess tiene 41 años y su hija Celeste, 18. Ambas han sido imputadas por el tribunal del condado de Madison (Nebraska, EE UU) por un aborto ilegal. El de Celeste, realizado cuando tenía 17 años y alrededor de 23 semanas de embarazo, cuando en ese Estado está prohibido hacerlo más allá de la semana 20. Según la Fiscalía, la madre compró y dio las píldoras abortivas a la adolescente y después la ayudó a enterrar el feto. La investigación incluye dos páginas de una conversación de ambas el pasado 20 de abril en Facebook Messenger sobre la compra y el uso de esas pastillas.

El caso, complicado por las circunstancias, ha vuelto a agudizar el debate levantado hace meses —antes incluso de que el Tribunal Supremo tumbara la protección federal del aborto— sobre cómo la información personal de las mujeres en la Red puede suponer un peligro para ellas cuando se trata de derechos reproductivos.

En este caso, la investigación comenzó en abril, después de que otra mujer, una presunta amiga de Celeste, contara a la policía que la había visto tomar la primera píldora en abril, según la declaración jurada del detective Ben McBride, de la policía de Norfolk, que recoge Efe. A partir de ahí, empezaron las pesquisas.

Así, se envió una orden de registro y la empresa matriz de Facebook, Meta, buscó, recopiló y entregó los mensajes de Facebook Messenger —este, propiedad de Meta, e iMessage, de Apple, son los servicios de mensajería instantánea más usados en EE UU, uno de los pocos países occidentales donde no reina WhatsApp (también de Meta)—. “Una píldora frena las hormonas y luego tienes que esperar 24 horas para tomar la segunda”, le dice Burgess a su hija, que le cuenta que había recibido el pedido que habían hecho hacía un mes. “Acuérdate de que quemamos las pruebas cuando todo esté fuera”, le contesta Celeste.

Fueron esas conversaciones privadas las que sirvieron de base para añadir acusaciones por un delito grave de aborto ilegal contra Burgess, y montar el caso. Las dos fueron imputadas en julio y se declararon “no culpables”; Celeste, que ya ha cumplido los 18 años, está siendo procesada ya como adulta, por petición de los fiscales.

El comunicado de Facebook

Este martes, Facebook emitió un comunicado en el que argüía que “gran parte de los informes sobre el papel de Meta en un caso penal contra una madre y una hija en Nebraska son totalmente erróneos” y que querían “aprovechar la oportunidad para dejar las cosas claras”.

“Recibimos órdenes legales válidas de la policía local el 7 de junio, antes de la decisión del Tribunal Supremo. Las órdenes no mencionaron el aborto en absoluto. Los documentos judiciales indican que la policía estaba investigando en ese momento la supuesta quema y entierro ilegales de un bebé que nació muerto. Las órdenes iban acompañadas de órdenes de confidencialidad, lo que nos impedía compartir información sobre ellas. Las órdenes ahora han sido levantadas”, explican en ese comunicado, que también compartió en unos cuantos tuits el portavoz de Meta, Andy Stone.

Una vez que se conoció el caso, el debate y las protestas llegaron y se extendieron por las redes sociales. Desde hace unas horas, la etiqueta DeleteFacebook (Borra Facebook) se ha hecho viral. Una de esas publicaciones es la de Olivia Julianna, una activista y miembro de Gen-Z for Change, una ONG dirigida por jóvenes para impulsar cambios en temas que afectan a los más jóvenes.

“Mucha gente está perdiendo la perspectiva aquí. Independientemente de lo que haya en esos mensajes, pensaron que ella había abortado. Citaron a Facebook, que cooperó sin oposición, para obtener más información. Este precedente es peligroso. Esto pondrá a las personas en riesgo”, tuiteó en un hilo Julianna la noche de este martes, que encabezó con un mensaje que decía “todas las mujeres deberían eliminar Facebook ahora mismo. #DeleteFacebook [borrar Facebook]”.

Esta cuestión, la de la privacidad de los datos de las mujeres en la Red relacionados con los derechos reproductivos, viene meses siendo objeto de debate en Estados Unidos. Hace casi un año, en septiembre de 2021, Texas Right to Life, la organización ultraconservadora más grande del Estado del sur, abrió una web que permitía denunciar de forma anónima a quien se creyese que había estado vinculado a un aborto.

Y no es solo el momento en el que se produce la interrupción voluntaria del embarazo, sino mucho antes. Cuando el Supremo derogó Roe contra Wade [el precedente que garantizaba el aborto en todo el país], las mujeres estadounidenses empezaron a tener miedo por los datos que dejaban en las aplicaciones para monitorizar la menstruación.

La HIPAA, la Ley estadounidense de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, obliga al secreto profesional en las consultas sobre el aborto. Una obligación que rige también para los seguros médicos. Sin embargo, ni las empresas que guardan datos ni las aplicaciones están sujetas a ello. Pero las aplicaciones y los titanes de los datos no tienen la misma obligación. Por lo que toda esa información que las mujeres meten ahí puede llegar a convertirse en pruebas de un delito, el aborto, según como sea la legislación de cada Estado.

En EE UU, la ley obliga a las empresas tecnológicas a aportar datos privados de los usuarios en caso de que se las soliciten las autoridades vía orden judicial. En la Unión Europea, en cambio, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ofrece un marco legal mucho más robusto que hace el acceso a ese tipo de datos mucho más complicado.

Ese es, de hecho, uno de los motivos por los que la UE lleva años negociando con EE UU un tratamiento especial para los datos de ciudadanos europeos que se alojan en servidores ubicados en suelo estadounidense. Bruselas quiere asegurarse de que la CIA o el FBI no puedan acceder a información que guarden Google o Facebook sobre alemanes o españoles, por ejemplo.

No todas las tecnológicas han exhibido un nivel de colaboración similar con Washington. El consejero delegado de Apple, Tim Cook, se enfrentó en 2016 al Gobierno de EE UU al negarse “a construir una puerta trasera para el iPhone” a petición del FBI, como declaró ese año. La historia se repitió en 2020, cuando la tecnológica se negó a abrir el iPhone de un sospechoso de terrorismo con los mismos términos.

A principios de junio, ambas fueron acusadas de un delito grave, el de sustracción, ocultación o abandono de un cuerpo; y de dos menores, ocultar la muerte de otra persona y denuncia falsa. Fue entonces cuando los investigadores solicitaron la información personal de la madre desde el 15 de abril: fotografías, audios y vídeos, mensajes privados y otra información de la cuenta. Querían saber si había cometido otros delitos.

Fuente Elpais.com